José María Aznar, ex presidente español, se quedó sin la Medalla de Oro del Congreso estadounidense y ahora los trámites que realizó para su concesión son objeto de investigación. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para esclarecer cómo se gestionó un gasto de 2,3 millones de euros que el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 -presidido por el propio Aznar- destinó a suscribir un contrato con una empresa norteamericana para gestionar la entrega de esa medalla al entonces jefe del Ejecutivo español.
La denuncia fue presentada por los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del Derecho, que en su escrito señalaban que el contrato suscrito con la empresa norteamericana Piper Rudnick se hizo por el procedimiento de urgencia, desestimando de este modo otras ofertas. Además, en la denuncia se afirma que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir Piper Rudnick, aparecen las actividades dedicadas a la consecución de una Medalla de Oro a Aznar por el Congreso de Estados Unidos, algo que no estaba previsto en la contratación decida en el Consejo de Ministros.
En 2007 estos mismos abogados iniciaron un proceso contencioso-administrativo al considerar que no debían utilizarse medios públicos para luchar por la obtención de la medalla, ya que, en su opinión, se debe a una "aspiración personal" del ex presidente. Debido al silencio administrativo, los letrados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, pero ambas instituciones desestimaron el recurso y no lo admitieron a trámite.
El Tribunal de Cuentas ha trasladado la documentación al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que, en cinco días, puedan formular sus alegaciones. Asimismo, se concede diez días a los denunciantes para que determinen si se constituyen en parte del proceso.
Redacción / DEIA
